Ya que si así fuera, la Constitución perdería su naturaleza contractual y devendría documento doctrinal con legitimidad superior a la de los sujetos a los que en lugar de servir de instrumento de convivencia pactada, constreñiría. Consecuentemente esto no puede ser así, ya que el requisito indispensable de todo sistema democrático es el de fundamentar la legitimidad de cada decisión en la voluntad de los propios sujetos sometidos a la misma.
Por tanto, si en un determinado territorio, un número importante de los ciudadanos que lo habitan, manifiestan que quieren poder decidir sobre si este territorio debe seguir políticamente unido a otros , no hay ninguna razón para que una persona que se considere demócrata se pueda oponer frontalmente a que estos ciudadanos puedan expresar libremente su voluntad.
España es un Estado de derecho, con una Constitución que marca unas reglas de juego. Pero del mismo modo que no existen reglas de ningún juego que obliguen a un individuo o individuos a restar eternamente jugando, no puede haber Constitución democrática que impida a los que a ella se sometieron con la finalidad de convivir en una colectividad concreta, dejar esa colectividad.
Por tanto, ¿cómo compatibilizamos un "derecho superior" , "el derecho a decidir" con el derecho que emana de la vigente Constitución? La única respuesta es mediante el diálogo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, para establecer un marco de garantías consensuadas , que permita la libre expresión de la voluntad de todos los ciudadanos de Cataluña en el momento en que se lleve a cabo la consulta. La Constitución establece caminos para que se pueda llevar a cabo una consulta legal en Cataluña sobre si los catalanes quieren seguir formando parte del Reino de España.
Nosotros proponemos uno, la utilización de una interpretación pactada del texto del artículo 149 (en el que se enumeran las competencias exclusivas del Estado) párrafo 1 apartado 32a que dice textualmente: Autorización de consultas populares por vía de Referéndum.
Se trataría pues de ceder, para la ocasión, por parte del Gobierno del Estado a la Generalitat de Catalunya la posibilidad de ejercicio del contenido del texto constitucional que hemos citado. Tenemos pues como mínimo un camino constitucionalmente aceptable, si las partes en litigio lo dan por válido, para poder ejercer legalmente "el derecho a decidir". Pero los socialistas no podemos quedarnos aquí.
Si, como esperamos, el ejercicio "del derecho a decidir" por parte de los ciudadanos de Cataluña, da como resultado que una mayoría quiere seguir formando parte de España, se deberá proceder a continuación a una reforma de la Constitución que de paso a una nueva, en la que se defina España como un estado federal , plurinacional, plurilingüe y pluricultural .
Esta reforma constitucional deberá reconocer, entre otras cosas, de una forma explícita y garantista "el derecho a decidir" (en el sentido que se da a la frase en la actualidad) por parte de los ciudadanos de cualquier territorio.
En este sentido propugnamos que las próximas elecciones generales se declaren constituyentes y consecuentemente, se proceda a la reforma de la Constitución, por parte de los parlamentarios electos, de acuerdo con el procedimiento que la actual Constitución contempla.
Solamente así creemos que la mayoría de los ciudadanos de todas las comunidades autónomas del actual Reino de España querrán seguir formando parte del mismo a medio y largo plazo.
Joan March Noguera i Antoni Garcias Coll
Article publicat en el diari El País d'avui
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